La decisión de varias organizaciones que integran la Mesa de Enlace de, a partir del lunes próximo, paralizar la comercialización de granos activó un enero de conflictos que pone en riesgo una recaudación clave para la caja oficial. La medida en cuestión es una respuesta a la decisión política de cerrar las exportaciones de maíz.

Pero el frente de batalla no concluye ahí. En las últimas horas se agravó la pelea con los gremios portuarios más allá de que la semana pasado hubo acuerdo con Aceiteros. Los sindicatos que regulan la actividad de los remolcadores decidieron prolongar el cese de actividades dispuesto en el cierre de diciembre y en las últimas horas incluso endurecieron las medidas.

La acción de los remolcadores es clave para la operatoria de los puertos de Buenos Aires, La Plata y Dock Sud, por mencionar algunas terminales. Sin la intervención de estos navíos, los buques de cargas -sobre todo los porta contenedores- están imposibilitados para atracar o zarpar con seguridad. Por ende, la medida de fuerza paraliza por completo el ingreso y salida de mercaderías y productos.

Si bien al principio de la protesta gremios como el SOMU permitían el movimiento excepcional de algunos remolcadores, la falta de respuesta al reclamo de recomposición salarial que llevan a cabo los trabajadores redundó en un parate total. Lo grave de esto último es que se vetó incluso el ingreso de barcos cargados con insumos sanitarios para la lucha contra el Covid-19.

“Atentos a la cantidad de las excepciones solicitadas en las últimas horas, a nuestro entender exageradas, con requerimientos de zarpada de buques para dar lugar a otros, toda vez que los puertos disponen de lugares libres para recibir esos buques, como así también solicitudes que se han hecho y que una vez autorizadas no tuvieron un correlato con la urgencia que las originó, las excepciones al ingreso de buques en el contexto de la medida de fuerza dispuesta por estas instituciones quedan totalmente suspendidas”, informaron desde el SOMU.

“Dejamos expresado que son las empresas armadoras, con su negativa permanente y mala voluntad a la hora de alcanzar un acuerdo aceptable en el marco del diálogo, las que han provocado esta lamentable situación”, se añadió. Según pudo saber iProfesional de fuentes gremiales, el personal de remolcadores exige un incremento salarial del 25 por ciento para esta primera parte de 2021.

En el ámbito comercial aseguran que el paro de este ramo de la actividad portuaria ya generó pérdidas superiores a los 200 millones de dólares.

La industria y la salud, afectados

Mediante una misiva, desde el Centro de Navegación -institución que agrupa a las empresas marítimas de transporte de cargas- expusieron detalles de la afectación que provoca la inactividad de los remolcadores.

“Esto no solo se traduce en pérdidas para la industria del transporte por agua, sino también principalmente para los exportaciones e importaciones de nuestro país, siendo que estas últimas, en aproximadamente un 85 por ciento, constituyen insumos y capital de trabajo para las exportaciones, tales como por ejemplo para nuestra industria nacional automotriz, o elementos esenciales como aquellos de la industria de la salud entre otros y con un valor de cientos de millones de dólares, y que perjudica directamente a la producción por no poderse garantizar la continuidad operativa”, indicaron desde la organización.

“Más preocupante aún, resulta el efecto nocivo que esta situación produce para toda la economía del país, no sólo por las pérdidas millonarias que afectan al sector privado, sino también para las propias arcas del Estado Nacional, las cuales se ven privadas de recibir cuantiosos ingresos como consecuencia del cese de operaciones de comercio exterior”, resalta el texto divulgado por la entidad.

Las empresas del rubro reclaman la inmediata intervención del Ministerio de Transporte. Por el momento, desde la cartera sólo se aclaró que la dependencia oficial no tiene competencia en disputas salariales.